La pandemia y la crisis económica perjudicaron la rutina de procedimientos de inspecciones que la Secretaría de Energía y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) acostumbraban a realizar en las instalaciones del sector de venta de combustibles minoristas. Los municipios y las provincias también suelen llevar a cabo operativos similares a nivel local.  Cada petrolera cumple con su propio control en su red de comercialización.

La venta de nafta, gasoil y GNC, requiere del cumplimiento de una serie de exigencias y requisitos relacionados con la seguridad e higiene que están contempladas en leyes y normas nacionales, provinciales y municipales.

De esta manera, las más de 4.500 estaciones de servicio que se distribuyen en todo el territorio nacional deben recibir periódicamente inspecciones y revisiones tanto de superficie, como hermeticidad de los tanques, estado de los surtidores, calidad del producto ofrecido, higiene del establecimiento y estructura edilicia, entre otras exigencias.

En este contexto, el estacionero mantiene una serie de costos fijos para cumplimentar con estos pasos obligatorios, que van desde la contratación de un especialista en Seguridad e Higiene, pasando por el pago de impuestos y tasas relativas a estos temas y una inversión cotidiana en el mantenimiento de las instalaciones.

“La Secretaría de Energía no posee la cantidad de funcionarios necesarios para cumplimentar con las inspecciones en tiempo y forma, con lo cual, suele manejarse solamente en cumplimiento de denuncias de usuarios o consumidores, pero no por iniciativa estatal”, destacó a TRANSPORTE Y LOGÍSTICA, el asesor legal de la Federación de Entidades de Combustibles, Alejandro Tobalo.

Teóricamente los inspectores de la Dirección Nacional de Comercialización de Hidrocarburos son los encargados de revisar e inspeccionar, aunque sea una vez al año, las estaciones de servicio. Per fuentes confiables dijeron a este medio que actualmente son sólo cuatro los agentes destinados a esta tarea para más de 4.500 bocas de expendio.

Por su parte el estacionero de Brandsen, Gustavo Ortíz, señaló que “el INTI venía con asiduidad a la estación para revisar que se cumplan las normas de seguridad e higiene, pero a partir de la crisis sanitaria, dejó de hacerlo”.

Ortíz recordó que en todos los municipios existen inspectores que suelen hacer procedimientos relacionados con el pago de las tasas de seguridad e higiene, pero aclaró que después de la pandemia, mermaron dichas acciones.

En otros casos consultados, los expendedores recordaron que dicho organismo anteriormente realizaba las inspecciones sin costo alguno, pero que en los últimos tiempos comenzó a pedir el pago de casi $ 25.000 por manguera controlada.

Esta situación causó que varias entidades representativas del sector presentaran reclamos ante las autoridades para que se desestimen los aranceles de estas prácticas ya que aducen que son responsabilidad y decisión del Estado.

En tanto, el presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio de la Rioja, Juan Manuel Brígido resumió lo que sus colegas de otras provincias también aseguraron: “los controles decayeron en cantidad y solamente cada petrolera mantiene una asiduidad en estos temas”.

En ese sentido, Brígido subrayó que las compañías se encargan regularmente de auditar el combustible que venden sus operadores por una cuestión no solamente de calidad, sino para evitar posibles adulteraciones.