Por: Redacción TYL

Tras la decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof de volver a aumentar el impuesto a los ingresos brutos (IIBB) por los volúmenes operados en los puertos; un grupo de seis entidades vinculadas con la agroindustria, el comercio exterior y los sectores naviero y porturio salio a rechazar la medida a la que calificaron como un “claro retroceso y un profundo error estratégico”. 

Luego de haber establecido en 2020 una tasa variable extraordinaria al impuesto a los IIBB por los volúmenes operados, Kicillof aumentó por segunda vez los montos fijos. La medida, que repercute en los costos logísticos de los exportadores e importadores, quedó formalizada el 18 de enero pasado cuando salió publicada en el Boletín Oficial de la provincia.

A partir de ese momento, por cada tonelada o fracción superior a 500 kilogramos o su equivalente en otras unidades de medida, el servicio de cargas de buques pasó a valer $ 125, un 68% más que el año pasado.  En el caso del servicio de descarga se debe pagar $375, un 86% más que 2022; mientras que por el movimiento de mercadería hay que desembolsar $60, un 82% más que el valor que estaba vigente hasta diciembre pasado.

Tras tomar conocimiento de la medida, el grupo de entidades integrado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), Cámara de Puertos Privados Comerciales, Centro de Exportadores de Cereales (CEC), Centro de Navegación y Sociedad Rural Argentina salió a cuestionar el aumento por considerarlo "inconstitucional" y gravemente perjudicial para el desarrollo y crecimiento de las empresas de la provincia.

Por medio de una nota dirigida al gobernador, las entidades destacaron que “el aumento de los costos logísticos por la aplicación del art. 121 de la ley provincial N° 15 es un claro retroceso y un profundo error estratégico”.

Denunciaron que la medida tiene tres impactos negativos claros: "aumenta los costos logísticos , reduce las posibilidades de explotar economías mediante el comercio exterior y debilita los beneficios de la integración productiva con economías vecinas".

Al fundamentar su planteo de inconstitucional de la medida, las entidades expresaron que “por el hecho de gravar en fución de su peso físico las mercancías cargadas, descargadas y removidas, se estaría adicionando, en parte, una carga impositiva tanto a la exportación, como a la importación, lo cual es una facultad exclusiva del Congreso Nacional según lo que marca la Constitución”.

“Además de la inconstitucionalidad, la medida ejerce una presión adicional e importante sobre los costos del comercio exterior en un momento que no es el mejor”, señaló el gerente general de la Cámara de Importadores de la República Argentina, Fernando Furci. “

Tras indicar que "en materia portuaria, la Argentina es sumamente cara para los exportadores e importadores”, Furci consideró que este tipo de medidas "no solo afectan el desarrollo y el crecimiento, sino que también perjudican en mayor proporción a las pequeñas y medianas empresas".

Furci planteó que los costos de la cadena de logística y portuaria "deberían acompañar la difícil situación que atraviesan los importadores porque los impuestos crecientes llevan a la ineficiencia y ubican a los empresarios en un lugar delicado y complejo".