

Por: Redacción TYL
La decisión del gobierno provincial de Neuquén de avanzar con el cobro de un peaje especial a las compañías que utilizan las rutas del corredor de Vaca Muerta cosechó el primer rechazo proveniente de las empresas petroleras y proveedoras de servicios.
El proyecto de ley para cobrar peaje a las empresas petroleras en las rutas que conducen a Vaca Muerta, que impulsa la administración neuquina de Omar Gutiérrez, será presentado en la Legislatura provincial en la apertura del período de sesiones ordinarias el próximo 1 de marzo.
El proyecto prevé la aplicación de una “contribución específica por el uso intensivo de las rutas” que, en principio, comprenderá sólo a las operadoras y grandes empresas de servicios especiales. La contribución se pagaría semestralmente sobre la base de la flota de camiones propia y contratada por cada empresa con operaciones en yacimientos en Vaca Muerta.
Desde el sector empresarial local se escucharon las primeras voces en contra. El gerente de la Cámara Empresas de la Industria Petrolera y Afines (CEIPA), Sebastián Cortez rechazó el cobro de nuevo peaje y advirtió que "las pymes del sector ya no pueden afrontar más tríbitos".
“Nos pone muy contento de que se vayan construyendo las rutas, que era uno de los compromisos que tenía el gobierno para con las empresas para el crecimiento y desarrollo de Vaca Muerta. Pero, con relación al cobro de peaje, sería otro tributo y a las empresas locales les costó la pandemia y todavía se están acomodando”, destacó Cortez.
Desde el sector petrolero salieron a rechazar la medida y recordaron que "en cada proyecto en Vaca Muerta se negocia con el gobierno provincial un plan de inversiones que incluye el pago de un canon de ingreso al área, un bono de Infraestructura, un bono de explotación y un porcentaje para Responsabilidad Empresaria, por fuera de lo que es el pago de regalías a la producción de petróleo y gas, además de cánones por uso de agua, entre otros tributos".
Para las petroleras, esos recursos que embolsa el gobierno provincial son más que suficientes para atender las obras de mejora y mantenimiento de las rutas y la infraestructura de las ciudades que se ven afectadas por la industria hidrocarburífera.