Por: Redacción TYL

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Gonzalo Mórtola--el ex interventor de la Administración General de Puertos (AGP) durante el macrismo-- ante las "irregularidades evidenciadas en las actuaciones administrativas" que derivaron en la contratación de la empresa INDRA SA.

Mórtola fue rocesado en segunda instancia por violación a los deberes de funcionario público, a raíz de la contratación directa de una consultora por casi un millón de dólares.

La sala I del Tribunal de Apelaciones avaló así una decisión del juez que lleva la causa, Marcelo Martínez De Giorgi, quien procesó a Mórtola en septiembre del año pasado sin prisión preventiva y con un embargo de $ 400.000, según la resolución.

Los camaristas Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens confirmaron el procesamiento ante las "irregularidades evidenciadas en las actuaciones administrativas" que derivaron en la contratación de la empresa INDRA SA y "el contexto en que fueron adoptadas" esas resoluciones de parte del ex interventor.

En disidencia, el tercer integrante de la Sala, Pablo Bertuzzi votó por revocar el procesamiento, dictar falta de mérito y profundizar la investigación.

"Para habilitar una contratación directa, la normativa aplicable exigía el deber de fundamentación, tanto respecto de la necesidad de especialización como de la capacidad (científica, técnica o artística, según el caso) del contratista", analizaron los camaristas Bruglia y Llorens al confirmar el procesamiento.

En el caso particular "a partir del cotejo de las actuaciones administrativas cabe concluir que ese deber no fue cumplimentado".

"El informe técnico invocado sólo contiene afirmaciones genéricas, sin enunciar datos precisos y objetivos, al tiempo que carece de documentación respaldatoria", concluyó la Cámara.

El entonces interventor de la AGP "se apartó de lo prescrito en las disposiciones reglamentarias, toda vez que la especialidad no fue efectivamente examinada, ni fundamentada, previo a resolver la contratación directa que se hizo por US$ 940.508.

El objeto de la contratación consistió en la obtención de antecedentes y datos técnicos para la elaboración de las bases licitatorias para llevar adelante la licitación de las nuevas Terminales Puerto de Buenos Aires en 2016 y 2017.

Compañero de banco en el Colegio Cardenal Newman de Mauricio Macri y ahijado político de José Torello, Mórtola había llegado a la AGP a fines de 2015 prometiendo “combatir a las mafias”. Sin embargo, termino procesado por la Justicia luego de haber reunido pruebas suficientes que confirman el pago de una suma superior a los US$ 940.00 más impuestos a la firma española INDRA, que fue contratada de manera ilegal para realizar una consultoría sobre pliegos para una futura licitación del puerto de la ciudad de Buenos Aires.

En su fallo judicial, Martínez de Giorgi consideró que el ex funcionario --que dependía orgánicamente del ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich-- “simuló circunstancias en el expediente, que le otorgaron aparente legalidad a su accionar, que de no haber sido por la denuncia formulada en autos, probablemente no habría sido cuestionado”.

 Para la Justicia, Mórtola disfrazó de legal algo que sabía que no lo era. “Todo demuestra que el accionar delictivo que aquí se le endilga, fue llevado a cabo por el nombrado con la voluntad y el conocimiento de la ilicitud de la conducta”, destacó el fallo de Martínez de Giorgi.

A pesar de contar con personal idóneo en la misma AGP, Mortola optó por contratar irregularmente a una consultora para realizar los pliegos de licitación que se iban a utilizar para la reprivatización de las terminales del Puerto Buenos Aires.