Por: ANTONIO ROSSI

En medio del ajuste presupuestario que ha provocado un creciente atraso en los pagos de las obras públicas terminadas que ya supera los 90 días y el trabajo a media máquina de las constructoras que tienen frenadas las redeterminaciones de precios de sus contratos, el área de Vialidad Nacional ha vuelto a quedar en la mira por una nueva y llamativa disputa interna que involucra a las autoridades y dirigentes gremiales del sector que integran la heterogénea coalición gobernante del Frente de Todos.

Emulando el planteo extremo de Javier Milei que apunta a cerrar las empresas públicas, el Sindicato de Trabajadores Viales—el más numeroso del sector—salió a exigirle al titular de Vialidad, Gustavo Arrieta y al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis que directamente “disuelvan en forma urgente” la empresa Corredores Viales SA que tiene a su cargo la operación estatal de las estaciones de peaje de las principales rutas nacionales y la autopista Riccheri-Ezeiza-Cañuelas.

El reclamo del gremio vial –que pilotea la kirchnerista Ana María Aleña y forma pate de la CATT, el conglomerado de sindicatos del transporte que comanda el clan Moyano—incluyó una sugestiva denuncia por el manejo de los fondos y licitaciones de Corredores Viales (CV) y la amenaza de un “plan de lucha” en caso de que no prospere el cierre de esa empresa que funciona como una sociedad anónima, pero con los recursos económicos que aporta el Estado y la propia Vialidad Nacional.

Creada durante la administración macrista en octubre de 2017 por iniciativa del entonces ministro de Transporte Guillermo Dietrich; Corredores Viales SA tenía como objetivo inicial hacerse cargo de estatización del acceso Riccheri-Ezeiza-Cañuelas que estaba en manos de un consorcio liderado por el empresario kirchnerista Cristóbal López.

Pese a las promesas de disolución que habían lanzado los técnicos y especialistas viales del Frente de Todos durante la campaña electoral de 2019, la administración de Alberto Fernández mantuvo en pie a Corredores Viales y la convirtió en los últimos tres años en una operadora clave en el negocio de los peajes.

Bajo la figura de una sociedad anónima que tiene como accionistas al Ministerio de Obras Públicas (51%) y a Vialidad (49%), la empresa manejada por sciolista Gonzalo Atanasof se hizo cargo de todas las concesiones de rutas nacionales que venían de la época menemista y de los fallidos PPP viales heredados de la gestión de Mauricio Macri.

Desde su nacimiento, los que primero salieron a cuestionar a CV fueron los dirigentes de la Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad por las funciones superpuestas que tiene con el organismo vial y sus elevados costos operativos y salariales.

Tras haber tenido una actitud más contemplativa, ahora la que ha emprendido una nueva ofensiva contra CV es la conducción del sindicato de trabajadores viales luego de recibir el respaldo de todas las filiales provinciales que participaron en el último “congreso general nacional” de la entidad.

Al fundamentar el pedido de eliminación de Corredores Viales, el gremio puso sobre el tapete que se trata de “una sociedad comercial de derecho privado que asumió competencias que no le son propias y que fue creada como una Vialidad Nacional paralela para regir los contratos de concesión de obra pública con una legislación ajena que no se ajusta a ley de procedimientos administrativo, el régimen de contrataciones de la administración pública y la ley de obras pública”.

Otra cuestión relevante que advirtió el sindicato vial es que la empresa que encabeza Atanosof no cubre sus costos operativos con la recaudación de las cabinas y cada vez más necesita del auxilio económico de Vialidad para pagar sueldos y las obras de mantenimiento que tiene a su cargo.

En 2021, CV recibió una asistencia del Gobierno de $12.300 millones para afrontar su déficit operativo. El año pasado, la empresa tuvo un total de gastos operativos de casi $ 28.000 millones y con la recaudación por peajes e ingresos colaterales sólo alcanzó a cubrir el 51% de ese monto.

La embestida gremial se terminó de definir a fines de marzo cuando desde el organismo vial y la cartera de Obras Públicas deslizaron la intención de cederle a CV la operación y mantenimiento de las variantes y los tramos habilitados de la Autopista Presidente Perón, el tercer anillo de circunvalación del AMBA que conecta 12 municipios bonaerenses y cuyos fondos para las obras salen del presupuesto de Vialidad,

“La Autopista Presidente Perón tendrá una función importantísima y se quieren entregar los nuevos tramos a una sociedad anónima burocrática y paralela a Vialidad que generará contratos millonarios de mantenimiento sobre una traza en la que solo tendrán que cortar el paso o hacer inversiones mínimas”, remarcó el documento que el sindicato elevó al Gobierno.

Más allá del desafío político que implica para el oficialismo que enfrenta una campaña electoral jaqueado por una marcada incertidumbre económica, la exclusión de CV que impulsan los trabajadores del organismo vial promete disparar un fuerte conflicto interno con el gremio de los peajistas que lidera Facundo Moyano.

Producto de la incorporación de los planteles operativos de las concesionarias privadas que fue absorbiendo, Corredores Viales tiene actualmente cerca de 3.500 empleados, que en su gran mayoría pertenecen al Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA).

Además de tener la representación de los empleados, el hijo Hugo Moyano y ex diputado nacional logró colocar en la cúpula directiva de CV al vocal segundo de su gremio, Federico Sánchez.

A contramano de la jugada de los viales; Moyano, Sánchez y Atanosof vienen delineado una posible expansión de la empresa que podría darse antes de que desembarque en diciembre un nuevo gobierno en la Casa Rosada. En la mira están las concesiones de la autovía mesopotámica y el puente Rosario-Victoria que expiran en el segundo semestre y los accesos Norte y Oeste, cuyos contratos enfrentan en la Justicia una doble demanda de nulidad impulsada por Arrieta y Katopodis.